El estudio fue acogido por representación parlamentaria y el Consejo Regional de Arequipa
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Javier Fernández Dávila Mercado, presentó un estudio para que el Gobierno Regional de Arequipa evalúe la implementación de una fórmula de allanamiento respecto de 3 pretensiones específicas de manera que los justiciables que buscan el pago de la deuda social, no litiguen largos períodos, innecesariamente.
Dicha medida que partiría del Gobierno Regional, podría tomar como referencia el referido estudio que se desprende de una exhaustiva investigación en los juzgados Contencioso Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, permitiría descongestionar la carga procesal en un 36%, según especificó la máxima autoridad judicial en la reunión descentralizada de la representación parlamentaria arequipeña y ante los integrantes del Consejo Regional de Arequipa.
Durante la intervención, el Dr. Javier Fernández Dávila, puntualizó que las pretensiones en las cuales se podría evaluar aplicar la fórmula de allanamiento (se aceptaría la pretensión) tiene que ver con el pago del incremento del 10% del haber mensual que al mes de enero de 1993, está afecto a la contribución del FONAVI, conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25981 en el Art. 2°.
Asimismo, sobre el reajuste de la remuneración respecto de la bonificación personal, la bonificación diferencial y el derecho vacacional en consideración a la remuneración básica establecida en el Art. 1° del Decreto de Urgencia N° 105- 2001.También se inclurían los procesos judiciales cuya pretensión es el reajuste de la bonificación especial diferencial del 30% de la remuneración total conforme a la dispuesto por el Art. 184° de la Ley N° 25303 (sector salud).
Con el allanamiento que implementaría el Gobierno Regional de Arequipa (demandado en estos casos), los justiciables no tendrían que esperar innecesariamente alrededor de 36 meses en una pretensión judicial cuyo resultado es previsiblemente favorable; por cuanto existiría consenso en relación a los criterios aplicados a la mayoría de los casos y por tanto estos procesos judiciales concluirían en 18 meses, como máximo.
Escuchada la presentación, asesores del congresista Edwin Martínez Talavera, mostraron su interés en presentar un proyecto de ley que norme esta iniciativa; en tanto el Consejo Regional de Arequipa, analizará las propuestas planteadas para determinar su viabilidad.
Arequipa, 22 de junio de 2022
Oficina de Imagen Institucional y Prensa
Corte Superior de Justicia de Arequipa